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15-01-2012

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2012
El Real Decreto Ley 20/2011, en su artículo 3, establece los criterios por los que se tendrán que regir las diferentes Administraciones Públicas en cuanto a su oferta de empleo público:

1. Se mantienen y continúan las Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

2. A lo largo del ejercicio de 2012 se procederá a la incorporación de personal derivado de la ejecución de: a) Los procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. b) Los procesos selectivos de plazas de militares de Tropa y Marinería necesarios para alcanzar los efectivos fijados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

3. Reposición del 10% de efectivos en Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía autonómica, Fuerzas Armadas y Agencia Tributaria y Seguridad Social

Respetando la disponibilidad presupuestaria del capítulo I del presupuesto de gastos y con una tasa de reposición fijada en el 10%, se podrá realizar Oferta de Empleo Público en los siguientes sectores y Administraciones:

- Administraciones Públicas con competencias educativas para el acceso a los Cuerpos Docentes.

- Administraciones Públicas con competencias sanitarias, respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud

- Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y Comunidades autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma

- Fuerzas Armadas, respecto de plazas de militares de carrera y militares de complemento

- Administraciones Públicas, respecto de los Cuerpos responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral.

4. Durante 2012 se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes en Entidades Públicas Empresariales y resto de Organismos Públicos y Entes del Sector Público Estatal (salvo en las indicadas en el primer párrafo del artículo 3.3.), en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables y dentro de los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Real Decreto Ley 20/2011

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